Equidad y paridad en materia de género

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A pesar del reconocimiento internacional del principio de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, tanto los Estados como las comunidades se han enfrentado a múltiples dificultades para llevar a la práctica este derecho.

A nivel nacional, la mayoría de los países cuenta con el reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad, y muchos Estados ya incluyen constitucionalmente el derecho a la igualdad específicamente entre mujeres y hombres. Algunos, como México, cuentan además con leyes específicas sobre la materia, y normas que prohíben y distinguen los diferentes tipos y modalidades de violencia de género.

No obstante, la arraigada idea de una supuesta superioridad del hombre sobre la mujer, la existencia de múltiples tradiciones que la colocan en desventaja en el ejercicio de sus derechos, y la incesante campaña mediática en donde se cosifica a la mujer, reduciéndola a un objeto sexual; han impedido que se lleve a cabo una verdadera transformación cultural destinada a difundir, promover y afirmar el ejercicio del derecho a la igualdad.

Lo anterior impide que la igualdad formal, es decir, la igualdad de derechos legalmente establecida, se lleve a la práctica de manera eficaz, esto es, con equidad. Por ello, las mujeres de todo el mundo se siguen viendo sometidas a diversas formas de discriminación que las colocan en desventaja.

El pasado 8 de marzo, día establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975, como el Día Internacional de la Mujer, se recordó por un lado las constantes aportaciones de mujeres a la historia de la humanidad, pero también se evidenciaron las muestras de discriminación que en razón de género se han dado en contra de las mujeres a lo largo del tiempo y hasta ahora.

Ejemplo de esto es que, aunque desde mediados del siglo pasado las mujeres mexicanas cuentan con el reconocimiento de la ciudadanía y, por tanto, con el derecho a votar y ser votadas, el número de mujeres que acceden a puestos de elección popular es claramente minoritario, y ninguna mujer que se haya postulado a la Presidencia de México ha tenido oportunidades reales de ganar en igualdad con los candidatos hombres.

Por ello, y en cumplimiento a sus obligaciones internacionales, México hizo un primer ejercicio para incorporar el principio de paridad de género en materia electoral, específicamente en el Poder Legislativo. El resultado fue aparentemente positivo, pues generó la elección de más mujeres legisladoras, pero se tradujo en su solicitud de licencia para dar lugar al ejercicio de su función por los hombres que fungían como sus suplentes.

Por supuesto, hubo reformas. Conforme a la legislación vigente, las fórmulas para senadurías y diputaciones, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, deben integrarse por personas de diferente género. Y se obliga a los partidos políticos a promover y garantizar la paridad en todas las elecciones de cargos de elección popular; con acciones entre las que se encuentra el destinar el 3% de su presupuesto ordinario anual a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Estas acciones, que aparentemente otorgan a la mujer un trato preferencial sobre el hombre, pretenden combatir la histórica desigualdad en que se encuentran las mujeres, para que puedan situarse en la misma condición que los hombres y, de esa forma, ejerzan sus derechos electorales, que les han sido cultural y políticamente limitados.

Esto no significa que sólo los hombres representen a los hombres, o que sólo las mujeres representen a las mujeres; sino que debe garantizarse que todas las personas puedan acceder a espacios de ejercicio del poder público y a la representación política de la ciudadanía, con independencia de su sexo. Es decir, busca combatir una forma histórica de discriminación contra la mujer.

De ahí que también se obligue constitucional, legal y judicialmente a los pueblos y a las comunidades indígenas a elegir a sus autoridades y representantes garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

La pregunta que quizá debemos hacernos es si el principio de paridad realmente coloca a la mujer en una situación en la que pueda acceder al ejercicio del poder en igualdad con los hombres, es decir, si garantiza la equidad. También, debemos cuestionar el tiempo que esta medida debe imponerse pues, de seguir siendo una exigencia jurídica cuando la sociedad asimile plenamente su obligación de respetar la igualdad, se volvería una política desigual contra los hombres. Entonces, la clave sería determinar cuándo estaríamos ya frente a una cultura política que respete efectivamente el acceso igualitario al ejercicio del poder, que permite que las mujeres se postulen y tengan oportunidades reales de ganar, aun de no existir cuotas de género. ¿Y cómo determinarlo si están activas las cuotas?

Más aún, ¿qué pasa si el principio de paridad bloquea la postulación de un hombre que tiene sobradas capacidades para ejercer el cargo, sólo porque es hombre? ¿Y si, por cumplir la paridad, muchas mujeres que cuentan con tales habilidades no logran postularse porque ya se ha cubierto la cuota? En esos casos, ¿no se requeriría cierta flexibilidad?

Como vemos, la cuota, como acción para la igualdad, puede transformarse en una barrera que impida el cumplimiento de su propio objetivo.

Por ello, aun reconociendo que las cuotas son un instrumento útil en este momento (en el que claramente no estamos frente a una situación de igualdad en el acceso a los cargos de elección popular), es indispensable poner atención a las transformaciones sociales para que, en nuestro intento por afirmar la equidad, ésta no sea bloqueada por la paridad.

Así, como ha quedado expresado en materia electoral, el Estado mexicano ha incorporado un número amplio de reformas legales en materia penal, civil, laboral y administrativa entre otras, creando incluso a nivel federal el Instituto Nacional de las Mujeres, con repercusión en el ámbito estatal a través de organismos similares, los cuales tienen como encomienda fundamental implementar las diversas acciones afirmativas o de discriminación positiva, que permitan compensar la desventaja real en que se encuentran las mujeres de nuestro país frente a los hombres.

Dicha circunstancia debe ser motivo de reflexión en torno a lo que como sociedad estamos haciendo, ya que no basta la igualdad legal y las acciones gubernamentales que compensan la desigualdad de género, se requiere que el conjunto social madure la idea de que para la existencia y desarrollo de la raza humana se requiere de ambos géneros; que se comprenda que las diferencias entre la mujer y el hombre son de índole biológico y no intelectual; que la responsabilidad en la construcción familiar, en la participación escolar, en la producción económica y en la decisión política de una nación, está a cargo de las mujeres y hombres que la conforman.

Por ello este portal que ahora se propone deberá contribuir tanto a la reflexión planteada anteriormente, como a la propuesta social, aportando lo necesario para trascender de las acciones afirmativas del Estado a la conciencia social que garantice como una premisa de convivencia un respeto irrestricto a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres mexicanos. “Donde no queramos ver diferencia no la hagamos”.

Por Mtro. Alfonso López Reyes
Marzo 2015

 

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